por Politican
Daniel Ojeda, representante del sindicato USPB de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, ha puesto sobre la mesa en entrevista en el programa "A Buenas Horas con José Luis Martín" que la capital grancanaria se enfrenta a una crisis de seguridad sin precedentes, no por falta de voluntad de sus agentes, sino por una gestión administrativa que Ojeda no duda en calificar de nefasta y, en última instancia, peligrosa para la vida de los residentes.
El detonante más visible de este conflicto es, sin duda, el económico. Según relata Ojeda, los bomberos y la policía local arrastran impagos por horas extras realizadas desde septiembre del año 2024. La explicación técnica reside en una regla de Intervención que limita el gasto en horas extras al 10% de la masa salarial del "Capítulo Uno". Una vez agotado ese cupo, el Ayuntamiento se ve incapacitado legalmente para pagar hasta el siguiente ejercicio presupuestario.
Esta situación ha generado un efecto dominó de desmotivación y complicaciones burocráticas. "Nos deben 4 meses del año 2024, lo que te obliga a hacer una declaración complementaria", explica Ojeda, señalando que el trabajador no solo no cobra, sino que además debe incurrir en gastos de gestoría para regularizar su situación ante Hacienda. A pesar de existir acuerdos internos que prometían el pago en el primer trimestre de 2026, la realidad es que los presupuestos recién aprobados siguen en exposición pública, retrasando aún más la liquidación de las deudas.
La respuesta de los cuerpos de seguridad ha sido clara: el "plantón". La Policía Local ya lo hizo en 2025 y los bomberos han seguido el mismo camino para visibilizar la falta de personal que el Consistorio se empeña en negar. "Lo que no podemos permitir es que ellos jueguen con salvar la imagen de los servicios con horas extras que encima después no te pagan. Es un pez que se muerde la cola", sentencia el representante de USPB.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia de Daniel Ojeda se dirige hacia la cúpula política del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En particular, sus palabras hacia la alcaldesa, Carolina Darias, son de una contundencia absoluta. Ojeda lamenta la falta de diálogo directo y la excesiva confianza de la regidora en los informes que le llegan de terceros, los cuales, según el sindicato, no reflejan la realidad de la calle.
"La alcaldesa me parece una temeraria cuando ella no se reúne con los sindicatos. Debería tomar las riendas y no fiarse de un comentario que le hagan", afirma Ojeda. El representante sindical va más allá y señala directamente al concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, sugiriendo que la información que traslada a la alcaldía es sesgada: "Pienso que el concejal Josué Íñiguez no le está contando la verdad... le cuenta lo que le interesa para seguir barriendo y poniendo la basura debajo de la alfombra".
Mientras el Ayuntamiento publicita en redes sociales una imagen de seguridad y eficiencia, los profesionales denuncian que se está trabajando bajo una presión insoportable. Ojeda destaca que, si bien mantienen una vía de trabajo positiva con la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, en temas de derechos personales y recalificación de categorías, el problema de fondo —la falta de efectivos— sigue sin abordarse con la urgencia necesaria. La relación con la Dirección General y el concejal de Seguridad parece estar en un punto de no retorno debido a la "falta de cumplimiento de sus promesas".
Para entender la gravedad de la situación, es necesario acudir a las cifras. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la ciudad estipula que el cuerpo de bomberos debería contar con 177 puestos entre agentes y mandos. Sin embargo, la realidad es mucho más sombría. Actualmente, aunque el Ayuntamiento afirma tener 110 plazas ocupadas, el número de agentes activos en la calle apenas llega a los 82.
El resto de la plantilla se encuentra en situaciones de baja, muchas de ellas motivadas por el estrés y la presión de un servicio que no puede cubrir los mínimos de seguridad. "Para el ayuntamiento, una persona de baja de larga duración está ocupando un puesto, pero trabajando somos 80", denuncia Ojeda. Esta carencia de personal obliga al cierre constante de parques de bomberos, lo que incrementa los tiempos de respuesta de forma alarmante. En una ciudad de las dimensiones de Las Palmas, que debería aspirar a tener un bombero por cada 1,000 habitantes (lo que supondría unos 400 efectivos), trabajar con apenas 80 agentes es una apuesta de alto riesgo.
Además del déficit cuantitativo, existe un problema cualitativo: el envejecimiento de la plantilla. La edad media supera ya los 50 años. Ojeda, con 51 años, describe la dureza de un oficio donde la veteranía es un grado, pero la pujanza física de la juventud es imprescindible para las intervenciones de primera línea. "El compañero joven aporta esa firmeza, esa dureza física. El cambio generacional debería ser ese, no verte en un camión donde el más joven a lo mejor soy yo".
Quizás la denuncia más inquietante de Ojeda es la referente al estado del material móvil. Los bomberos denuncian que no existe una inversión real en mantenimiento y que la infraestructura de los parques, prometida hace años, sigue sin arreglarse.
La descripción de cómo se superan las inspecciones técnicas de los vehículos (ITV) es estremecedora por sus implicaciones en la seguridad vial y operativa:
- Vaciado de material: Para no exceder el peso permitido por los chasis de los camiones viejos, se les quita parte del equipo necesario para las intervenciones.
- Frenada comprometida: Un camión que pasa la ITV sin su carga habitual no responde de la misma manera cuando, en una emergencia real, circula con todo el peso de las herramientas y el agua.
- Mantenimiento inexistente: "El chófer que coge el camión ya no se siente seguro porque no hay un mantenimiento", explica Ojeda, denunciando que han tenido que recurrir a las redes sociales para mostrar fotos de camiones averiados como única herramienta de presión.
A pesar de todo, el servicio sigue saliendo adelante gracias a la vocación de servicio de los agentes. Daniel Ojeda relata cómo en una reciente guardia de 24 horas, durante un temporal, apenas 16 personas distribuidas en dos parques abiertos tuvieron que atender 38 salidas de asistencia técnica. En estas circunstancias, los servicios deben ponerse en cola, priorizando aquellos donde hay vidas en juego y dejando otros en espera.
Entrevista completa: