Esther González: “Canarias no pide favores, exige que se cumpla el Estatuto”

La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Esther González defendió este pasado miércoles con firmeza que la cogestión de los aeropuertos canarios “no es una concesión ni una negociación política sino un derecho reconocido en el Estatuto”. González exigió al Estado que haga efectivo el ejercicio de las competencias canarias y corrigió al presidente del Gobierno de CC y el PP, Fernando Clavijo, al afirmar que las competencias “no se negocian, se cumplen”.

En la defensa de la consecución de las mayores cotas de autogobierno para el Archipiélago, el cumplimiento del artículo 161 del Estatuto que ampara el derecho a la participación de Canarias en la gestión de la comunidad en los aeropuertos de interés general, reconociendo su carácter de región ultraperiférica; para NC-BC, la cogestión aeroportuaria “no es una negociación”.

Esther González manifestó que el Estatuto “no es papel mojado” ya que “obliga” al Estado, tiene rango de ley orgánica y debe cumplirse por todas las administraciones públicas.

Afirmó que la empresa mixta Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que gestiona la red de aeródromos y helipuertos de interés general del Estado, desde el punto de vista competencial “carece de autoridad alguna para impedir la participación de Canarias” en unas infraestructuras, que además son “vitales” para el desarrollo económico y social del Archipiélago.

Sin olvidar otro argumento de carácter empresarial y es que la administración estatal tiene el 51 por ciento de AENA. Sin embargo, para Esther González “parece” que, en esta empresa mixta, “manda” el sector privado “por encima” de una ley orgánica, aprobada por las Cortes Generales, que “obliga a AENA a su cumplimiento”.

Advirtió del grave problema democrático que supone que el Estado, con independencia de la formación política gobernante, reconozca competencias “sobre el papel”, pero luego no se haga nada para su efectivo ejercicio.

En relación al control tributario de los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF), la parlamentaria de NC-BC explicó que es un asunto distinto. No se trata de una “ocurrencia” ni del cumplimiento de una competencia amparada por el Estatuto, aseguró.

Es una propuesta avalada por el Parlamento de Canarias que, según explicó, nace del dictamen de la comisión de estudio para la renovación del REF, recientemente aprobado por el pleno, y que busca “garantizar” que los beneficios fiscales cumplan su función real, es decir, la de mejorar la economía y el empleo en las islas.

Sobre el anuncio de una posible negociación entre el Ministerio de Política Territorial y el Ejecutivo canario, Esther González se mostró clara y realista. “Hablar está bien, pero no nos engañemos”, precisó. Estos dos asuntos, en su opinión, “no se van a resolver en los dos años de legislatura que quedan en Canarias, ni con cuatro reuniones”. Pero, para NC-BC, “lo que está claro es que Canarias no puede seguir esperando indefinidamente a que se cumpla su Estatuto y a que se ignoren las decisiones del Parlamento”.