por Politican
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha formalizado un convenio interadministrativo con la Consejería de Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para impulsar la construcción de cerca de 300 viviendas públicas en régimen de alquiler social en la isla.
El acuerdo, que se sellará en un acto formal en las próximas semanas, permitirá desarrollar dos promociones de inmuebles protegidos de promoción pública, concretamente 37 en el barrio de María Jiménez y 226 en el ámbito de Cuevas Blancas, que se incorporarán, una vez finalizadas, al parque público de viviendas del Instituto Canario de la Vivienda, que coordina Antonio Ortega, encargado de su gestión y adjudicación conforme a la normativa vigente.
El convenio articula una inversión total estimada de 41,7 millones de euros, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, con el objetivo de reforzar la oferta pública de alquiler y atender la demanda habitacional existente en Santa Cruz de Tenerife.
Según establece el acuerdo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su empresa pública Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., asumirá la promoción y ejecución de las obras, así como la aportación del suelo y los costes de urbanización. Finalizadas las actuaciones, las viviendas serán cedidas al Instituto Canario de la Vivienda para su incorporación al parque público.
Por su parte, el Cabildo Insular de Tenerife participa en la financiación del proyecto, contribuyendo a garantizar la viabilidad de una actuación de gran envergadura y reforzando la cooperación entre administraciones.
Todas las viviendas que se construyan en el marco de este acuerdo tendrán la consideración de viviendas protegidas de promoción pública y se destinarán al alquiler en régimen especial (alquiler social), con carácter permanente. Su adjudicación se realizará conforme a la normativa vigente y estarán destinadas a unidades familiares o de convivencia con recursos económicos limitados, garantizando su uso como residencia habitual y permanente.
Las promociones se desarrollarán conforme a los criterios técnicos establecidos para la vivienda protegida, atendiendo a estándares de calidad, funcionalidad y eficiencia, con el objetivo de ofrecer soluciones habitacionales dignas y sostenibles a largo plazo.
Con esta actuación, el Gobierno de Canarias continúa su estrategia de incremento del parque público de vivienda en colaboración con los cabildos y ayuntamientos, especialmente en islas y municipios con mayor tensión residencial. La ampliación del parque público de viviendas es una necesidad ineludible para la sociedad canaria que, en particular, demanda la modalidad de alquiler; por ello, es en esa tipología donde el Ejecutivo está centrando los principales esfuerzos, al objeto de poder disponer de un parque permanente de viviendas en esta modalidad que permita garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.