Fracaso municipal en vivienda

La ineficacia demostrada, empíricamente, en la gestión del urbanismo municipal por la inmensa mayoría de los ayuntamientos los hace cómplices y culpables de la emergencia habitacional que sufrimos en Canarias. Son incapaces de dar un servicio público esencial con garantías temporales, seguridad jurídica y rapidez gestora. En estos momentos son una verdadera remora, a saber, persona, cosa o entidad que retrasa, dificulta o detiene algo. Más que ayudadores que tendría que ser su función, son verdaderos estorbadores, un muro infranqueable, donde todo se atasca, emponzoña y se pudre, porque el tiempo pasa sin las resoluciones que tendrían que salir en tiempo y forma, porque así lo mandata la legislación vigente, que incumplen sistemáticamente, sin que haya ninguna toma de responsabilidad por parte de nadie. Viven en la más absoluta impunidad vergonzosa. 

La puesta a disposición de suelo municipal para la construcción de viviendas sociales es una de las herramientas más eficaces y a la vez más infrautilizadas para afrontar el grave problema de acceso a la vivienda que sufren miles de familias. En un contexto de precios de alquiler y compra al alza, una fuerte presión demográfica, con una demanda acuciante, el suelo público emerge como un recurso estratégico que las administraciones locales no pueden permitirse desaprovechar. Sin embargo, pasa exactamente eso, es decir, desperdician su capacidad operativa de poner suelo a disposición del Gobierno de Canarias, para la construcción de viviendas, por su demostrada inoperancia. Algunos ayuntamientos quieren, pero no pueden, los motivos muchos, todos incalificables e injustificables, por mucho que algunos alcaldes o alcaldesas lloren más que las cataratas del Niágara. Que cojan un pañuelo y lo utilicen para las fiestas, romerías, procesiones y demás festejos que tanto les gustan y le dedican todo el amor del mundo. Pan y circo como los romanos, así se mantiene al vecindario tranquilo y sumiso, aunque no tengan donde cobijarse en un hogar digno.

El suelo municipal tiene una característica esencial porque pertenece a la sociedad territorial correspondiente. No es un bien destinado a la especulación ni a maximizar beneficios económicos a corto plazo, es un instrumento al servicio del interés general. Cuando un ayuntamiento decide reservar, ceder o desarrollar suelo de su propiedad para viviendas sociales o públicas, está ejerciendo una función básica de justicia social, garantizando que el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada no quede reducido a una mera declaración teórica. Pero les da lo mismo, sus prioridades son otras.

No olvidemos que el precio del suelo representa un porcentaje muy elevado del coste total de una promoción inmobiliaria. Aportando gratuitamente, también a un precio simbólico o cediendo mediante concesiones administrativas a largo plazo, el impacto en el precio de venta o alquiler es directo y significativo, conformando un extraordinario beneficio comunitario. Esto permite ofrecer viviendas a precios en realidad asequibles, especialmente para jóvenes que se quieren emancipar, familias con ingresos reducidos, personas mayores o colectivos vulnerables. Es una verdadera política social de primer orden la que genera esa predisposición municipal, que se desperdicia, dicho con rabia contenida, por la falta de conciencia social de una elite política tosca, que sólo vive y ocupa puestos de responsabilidad pública para ganar un sueldo y servirse a sí misma. 

La racionalización del urbanismo local para un crecimiento de la superficie ordenada crea zonas, barrios o distritos equilibrados, con servicios de todo tipo, zonas verdes, equipamientos educativos, sanitarios y ahora más que nunca buenas conexiones con el transporte público guiado. La vivienda social integrada evita segregación urbana creando cohesión social y rompiendo con modelos del pasado que concentraban la pobreza en áreas degradadas y sin oportunidades.

Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO