Plataforma para el 5% alerta de que el déficit en la educación roza los 600 millones en Canarias en 2026

La Plataforma para el 5% para Educación ha advertido este martes de que la educación canaria sufre ya un déficit de financiación cercano a los 600 millones de euros, la mayor brecha registrada desde la aprobación de la Ley Canaria de Educación en 2014.

El colectivo se reunió con la Diputada del Común, Lola Padrón, y le trasladó su "preocupación" por el contenido del presupuesto de la comunidad autónoma pues la inversión educativa se sitúa en el 4,07% del PIB, incumpliendo de nuevo el mandato legal que fija un mínimo del 5%.

En esa línea exponen en una nota que tras haberse llegado al 4,63% del PIB en 2023, al final de la anterior legislatura, desde entonces, los sucesivos presupuestos han consolidado un "retroceso" que aleja a Canarias del objetivo legal y de la convergencia con otros sistemas educativos del Estado.

En el encuentro, la plataforma recordó que la ley establecía alcanzar el 5% del PIB en 2022, y que once años después de su aprobación su incumplimiento es "estructural".

A su juicio, "esta insuficiencia presupuestaria tiene efectos directos en la escolarización de 0 a 3 años, la dotación de profesorado, la atención a la diversidad, la modernización de infraestructuras y el desarrollo de medidas de refuerzo e innovación educativa".

En la reunión, Padrón manifestó su atención a los argumentos expuestos y su compromiso de analizar la queja presentada, en el marco de sus funciones de defensa de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a una educación en condiciones de equidad y suficiencia de recursos.

La Plataforma 5% para Educación subraya que la inversión educativa "no es un gasto, sino una condición imprescindible para ampliar las oportunidades vitales del alumnado canario y reducir la desventaja educativa histórica del archipiélago".

De hecho, la queja presentada ante la Diputación del Común persigue precisamente activar los mecanismos institucionales necesarios para que el Gobierno de Canarias cumpla la ley vigente y garantice una financiación acorde a las necesidades reales del sistema educativo y de las generaciones presentes y futuras.