por Politican
Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Canarias, ha desgranado en el programa "A Buenas Horas con José Luis Martín" los peligros y las oportunidades que se ciernen sobre las islas. Desde la defensa férrea del Régimen Económico y Fiscal (REF) hasta la batalla diplomática en Bruselas, el Ejecutivo canario se prepara para un año 2026 que promete ser, en palabras del propio Viceconsejero, "una auténtica locura".
Uno de los pilares fundamentales para la supervivencia económica del archipiélago es su Régimen Económico y Fiscal. Sin embargo, existe una preocupación latente en el Gobierno de Canarias sobre cómo las futuras negociaciones a nivel estatal podrían poner en riesgo esta herramienta vital. El temor principal radica en que el desconocimiento o los intereses políticos diluyan la especificidad canaria dentro del sistema de financiación general.
Octavio Caraballo ha sido tajante al explicar la naturaleza del riesgo: el REF podría estar en peligro si, en el futuro sistema de financiación autonómica que se negocie en el Estado —el cual acumula un retraso significativo, dado que el último data de 2011—, se decidiera que el REF compute como parte de dicho sistema. La postura de Canarias es clara: el REF no debe computar.
El viceconsejero advierte que, si se cambiaran las reglas del juego, las consecuencias serían devastadoras. "Si computase sería para nosotros una pérdida importantísima de recursos y sería un ejemplo por parte del Estado del desconocimiento que existe por parte del Régimen Económico y Fiscal", afirma Caraballo. Es crucial entender que esta herramienta no es un privilegio, sino un mecanismo que "persigue fundamentalmente amortiguar las desventajas que se plantean como territorio insular, fragmentado y situado lejos del continente".
La preocupación se agrava por el actual clima de inestabilidad política nacional. Caraballo describe un escenario en el que "nos levantamos cada día con noticias que nos generan mucha incertidumbre y mucho desconcierto". En este marco de negociaciones para garantizar la estabilidad del Gobierno central, "cualquier cosa es posible". Por ello, la estrategia canaria pasa por una labor pedagógica constante: "ser lo más didáctico posible con el Estado... para que entiendan cuál es el significado del régimen económico y fiscal", el cual a menudo se cuestiona desde Madrid bajo la premisa errónea de que supone un "gasto desmesurado".
Más allá de Madrid, la mirada de Canarias está puesta en Bruselas. La Unión Europea se encuentra en un momento decisivo definiendo el marco financiero plurianual a partir del año 2028. Aquí surge otro riesgo existencial para las islas: la centralización de los fondos.
El peligro identificado por el Gobierno de Canarias es que las partidas que hasta ahora llegaban directamente al archipiélago por su estatus de Región Ultraperiférica (RUP) pasen a ser gestionadas por los Estados miembros. "Eso supondría que unas partidas que hasta ahora venían para Canarias por nuestro estatus... irían a Madrid y Madrid decidiría cuál es el criterio de reparto", explica Caraballo.
Esta centralización tendría un impacto directo y severo, especialmente en el sector primario. Si esta intención de la Comisión Europea prosperase, "podría suponer una merma importante de recursos que hoy son fundamentales para la sostenibilidad del sector". El riesgo es que, al entrar el dinero en una "caja única" nacional, se pierda el respeto al estatus diferenciado de Canarias y el reparto obedezca a otros criterios políticos. Caraballo sentencia: "Ese es el gran riesgo que existe con respecto a este asunto y viendo la deriva de la actual política, pues tampoco podemos fiarnos".
La gestión de la migración ha sido, sin duda, uno de los temas centrales de 2024 y 2025. Sin embargo, el futuro inmediato no parece ofrecer un respiro. En junio de 2026 entrará en vigor el Pacto Migratorio Europeo, un acuerdo que, según Caraballo, ya nace herido.
A pesar de no haber entrado en vigor plenamente, el pacto ya ha supuesto "una merma del cupo de distribución solidaria de 30.000 a 21.000 personas y una reducción de los fondos para los países fronterizos". Esto afecta directamente a la frontera sur de España y, específicamente, a Canarias en el África occidental.
El viceconsejero alerta de que la solidaridad europea "ha quedado completamente mermada" y podría reducirse aún más debido a la situación política en el continente. Las "narrativas de la ultraderecha que se están imponiendo en las elecciones" en diversos países europeos están configurando un bloque de oposición a la solidaridad compartida. Esto deja a las regiones fronterizas en una situación de vulnerabilidad ante uno de los fenómenos más importantes de las próximas décadas.
El motor económico de las islas, el turismo, también se encuentra bajo revisión. Ante la posibilidad de superar los 20 millones de turistas, Caraballo se muestra escéptico sobre la idoneidad de ese crecimiento cuantitativo: "Personalmente creo que ya hemos llegado a un límite y debemos apostar por un turismo de más calidad".
La sostenibilidad no es solo ambiental, sino social. Canarias ha aprovechado las consultas abiertas por Bruselas para exigir que la Comisión Europea se alinee con las regiones para incrementar la "mejora de las condiciones laborales de los trabajadores relacionados con el sector turístico". Además, se buscan soluciones para las zonas tensionadas y la limitación de compra de viviendas por no residentes.
Un punto de fricción constante es la gestión aeroportuaria. El Gobierno de Canarias critica duramente la actitud de AENA, calificada por Caraballo como un "ente abstracto" que "actúa en solitario" y con el que "es muy difícil negociar".
La reciente polémica sobre las tasas a las guaguas es un ejemplo de cómo AENA "aplica los criterios que les da la gana" sin considerar el impacto en residentes y turistas. Por ello, el futuro Decreto Canarias, que se espera trasladar al Gobierno de España en enero tras un proceso de consenso político, incluirá una reivindicación histórica: la presencia de Canarias en la toma de decisiones aeroportuarias.
El argumento es de peso: a diferencia de otras comunidades como Cataluña, donde muchos aeropuertos son pequeños, en Canarias son infraestructuras estratégicas para la movilidad en un territorio insular y fragmentado. "Motivos más que justificados" para exigir una cogestión similar a la que se negocia con la Generalitat.
Al hacer balance del año 2025, Octavio Caraballo destaca un éxito por encima de todo: la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Aunque "era algo que era imposible de conseguir", se logró un acuerdo en el Congreso y un auto del Supremo que, a juicio del Gobierno canario, consolida la solidaridad del resto del Estado. "Esa herramienta nos va a permitir que en Canarias los colapsos que hasta ahora hemos vivido" se mitiguen.
Sin embargo, quedan "espinitas clavadas". La Agenda Canaria no se ha cumplido en los términos establecidos. Partidas para La Palma que no llegan, retrasos en obras hidráulicas y convenios de carreteras, y una financiación para la gestión migratoria que se hace esperar hasta el último minuto son lastres que el Ejecutivo regional seguirá combatiendo.
Mirando hacia el futuro, la frase de Caraballo para definir el 2026 es contundente: "El año 2026 va a ser un año muy complejo". El calendario electoral es vertiginoso, con comicios en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía en el primer semestre.
Esta sucesión de elecciones autonómicas, sumada a los problemas judiciales y casos de corrupción que afectan a la política nacional —mencionando explícitamente situaciones que tocan al Partido Socialista—, crea un escenario de parálisis y tensión. "Esto va a ser una locura, una auténtica locura", vaticina Caraballo.
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