por Europa Press
Vecinos de los barrios de El Paraíso y Corazoncillo, primeros que fueron arrasados por la erupción del volcán 'Tajogaite', se concentrarán este domingo en la zona de Tacande para protestar por la falta de información sobre sus propiedades.
En un comunicado conjunto la población se confiesa "indignada" por la "total incertidumbre y la falta de información" sobre qué pasará con sus propiedades, situadas en el entorno del cono volcánico.
En concreto, se quejan de que, casi cuatro años después de apagado el volcán, las administraciones públicas todavía no les han informado como "legítimos propietarios" de cuál será la delimitación del anunciado espacio natural protegido y qué compensaciones recibirán con respecto a los usos que tenían sus terrenos antes de la catástrofe, así como por la explotación de la zona como atractivo turístico.
Este grupo de afectados tiene sus terrenos sujetos a un régimen jurídico de protección cautelar --zona roja en el mapa de la nueva ordenación del ámbito que cubrió la lava, vigente desde diciembre de 2023 por decreto ley del Gobierno canario--.
Los vecinos exponen que, mientras otros afectados ya pueden volver a su lugar de origen o tienen la expectativa de poder hacerlo para reconstruir sus viviendas y explotaciones agrarias, su situación "es muy diferente" pese a que fueron los "más perjudicados" por la gestión de la catástrofe.
En esa línea, detallan que han sufrido "unos daños psicológicos de inmensa gravedad" porque la erupción comenzó sin que fueran avisados oficialmente del riesgo que corrían ni evacuados por las autoridades, lo que les expuso a un "grave riesgo" para sus vidas y les obligó a "huir con lo puesto".
En el caso de El Paraíso, por ejemplo, "sin poder regresar nunca más para llevarse enseres, objetos personales, fotos y poner a salvo a las mascotas".
"Pudimos haber muerto, solo la suerte evitó que esta catástrofe tuviera además un coste en vidas", atestiguan estos vecinos, quienes además dan fe de que "la gestión del plan de emergencias falló en el peor momento".
Así, comentan lo han "pagado con un sufrimiento psicológico del que muchas personas no han logrado recuperarse", y ahora tienen que "soportar este agravio de la incertidumbre sobre lo único que dejó el volcán".
Además, no tuvieron la posibilidad de hacer un seguro o de mejorar el que ya tenían.
Los vecinos no comprenden "por qué" son objeto de este "trato discriminatorio" y se les deja "sin derechos", pero en cambio sí se organizan visitas turísticas guiadas y se planifica una futura sede del Centro Vulcanológico Nacional sin consensuarlo con los dueños de la 'zona roja'.
Por ello han decidido solicitar de manera formal una reunión con la consejera de Administraciones Públicas, Lady Barreto, y con el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, quien en la época de la erupción presidía el Cabildo palmero.
Los vecinos recuerdan que el alcalde de El Paso, Eloy Martín, se comprometió a que antes de marzo se celebraría una reunión de los afectados con el Gobierno canario para abordar esta planificación y la reconstrucción, pero a día de hoy, casi un año después, "no hay contestación alguna".
NORMATIVA ESPECÍFICA
Además, apuntan que en diciembre de 2023, la consejera de Política Territorial, Lady Barreto, reconoció públicamente que el decreto ley de la nueva ordenación en vigor desde entonces no daba una solución justa a los propietarios de la 'zona roja' por lo que anunció que se aprobaría otra normativa específica para estos afectados, "de la que tampoco nada se sabe a día de hoy".
Los vecinos entienden que "se necesita tiempo para una reconstrucción justa, bien planificada y responsable, pues los procesos técnicos, legales y ambientales son complejos", pero a renglón seguido critican que se les mantenga en esta "incertidumbre absoluta" sobre los trámites que están llevando a cabo las administraciones públicas.
"Reclamamos información, pasos firmes y una hoja de ruta clara", subrayan.
En esta línea, piden que, una vez declarada oficialmente la zona protegida por sus valores naturales, se les informe de cuáles serán los pasos siguientes, si se indemnizará a los propietarios y a qué precio, si podrán quedarse con los terrenos, y, caso de que se les permita poderlos usar de nuevo, si podrán reconstruir lo que poseían antes de la erupción, una información que califican de "imprescindible".
"No pedimos privilegios, sino justicia, claridad y respeto, y ser tratados con la dignidad que merecen quienes lo han perdido casi todo y aún hoy siguen sin saber qué será de sus hogares, sus tierras y sus vidas", indican.