El Parlamento da luz verde a tramitar la proposición de ley de Cabildos insulares, por una respuesta más "eficiente"

El Parlamento de Canarias tomó este pasado miércoles en consideración la proposición de ley de Cabildos insulares, un nuevo marco normativo que pretende actualizar el marco jurídico de las corporaciones insulares al Estatuto de Autonomía tras la reforma de 2018, con el objetivo de que las instituciones insulares respondan con "mayor eficiencia y coherencia" a la realidad canaria.

La portavoz del PSOE, Nayra Alemán, subrayó el pleno consenso del que nace esta ley, con su raíz en la Fecai, con el respaldo del Grupo Socialista Canario, el Grupo Nacionalista Canario (CC), el Grupo Popular, Nueva Canarias-Bloque Canarista y Agrupación Socialista Gomera (ASG), que parte del reconocimiento de esa "doble naturaleza" de los Cabildos, como instituciones autonómicas y entes locales.

"Lo que pretende esta proposición de ley es regular cómo los cabildos ejercen esas competencias transferidas o delegadas, en lugar de la administración de la comunidad autónoma de Canarias. En cambio, esta proposición de ley no convierte a los cabildos en órganos de la administración autonómica, sino que desarrolla el estatuto como institución de la Comunidad Autónoma de Canarias que son", ha añadido.

Asimismo, Beato Castellano (CC) ha profundizado en la necesidad que tienen los Cabildos de actualizar su marco jurídico, sobre todo para responder con mayor "eficiencia y coherencia" a la realidad canaria porque, precisamente, ha continuado, es la doble condición de las corporaciones insulares, como órganos de gobierno e instituciones de la comunidad autónoma, lo que los hace imprescindibles al autogobierno.

"No cambia la naturaleza de los cabildos, sino que la refuerza, garantizando la autonomía local plena en el ámbito de sus competencias, y cuando actúan como instituciones de la comunidad autónoma, ejecutando leyes autonómicas, bajo el régimen jurídico autonómico. En definitiva, refuerza el papel de los cabildos, y también incorpora herramientas de cooperación interinsular y mecanismos de solidaridad, entendiendo el archipiélago como un conjunto diverso y cohesionado, que comparte instrumentos frente a emergencias, desigualdades y desafíos comunes", ha dicho.

El Grupo Popular, a través de Luz Reverón, ha mostrado su respaldo a una proposición de ley que, conducido "con responsabilidad y altura de miras", puede marcar un antes y un después en la organización territorial canaria. "El Estatuto de Autonomía marcó un antes y un después, y dio un salto cualitativo, pero es verdad que la ley actual que tenemos, como la ley de cabildos, no va compasada con esa modificación", ha añadido.

Desde Nueva Canarias han alabado el papel de los Cabildos que son "los verdaderos asistentes" de la mayoría de los municipios, mientras, incluso, en algunas islas, es el verdadero "referente" de la ciudadanía. De este modo, ha destacado que la toma en consideración de esta proposición de ley pueda suponer "una oportunidad" para mejorar los mecanismos que hagan a estas instituciones "más accesibles".

Casimiro Curbelo (ASG) ha valorado positivamente una iniciativa que nace "del consenso de los siete Cabildos", a través de la Fecai, porque se precisa "adecuar" el régimen jurídico de los mismos a la reforma del Estatuto. Es una cuestión que, ha dicho, es necesaria, ya que es una "deuda normativa que ha sido pospuesta largamente", a pesar de los "desajustes" que llevan denunciando las corporaciones insulares.

"Hemos denunciado durante mucho tiempo la inseguridad jurídica, los procedimientos ineficientes, las duplicidades y una insuficiencia de limitación en la relación entre transferencia, delegación y control de competencias", ha señalado Curbelo.

Por su parte, Raúl Acosta (AHI) ha celebrado el impacto que tendrá esta modificación política-administrativa en los Cabildos, una de las instituciones "mejor reconocidas" por la sociedad y que son "pieza central" del autogobierno. Sin embargo, a pesar de la defensa de esta proposición de ley ha instado a tomar el desarrollo normativo desde la serenidad, el rigor y el respeto al equilibrio interinstitucional.

Y en rechazo a esta iniciativa se ha posicionado el Grupo Mixto, Vox. Así, Paula Jover ha lamentado que la iniciativa normativa vuelva a "inflar estructuras políticas e incurrir en gasto público prescindible", sin defender "un modelo eficiente, responsable y respetuoso". Ha acusado a los grupos defensores de las propuestas de apoyar una iniciativa que "supone más gasto y una mayor inseguridad jurídica" al procedimiento.

"Vox cree en la necesidad de actualizar el régimen jurídico de los Cabildos, pero creemos que en esta ocasión tenemos que poner límite a lo sobredimensionado", ha añadido.