viernes 21 de noviembre de 2025 - Edición Nº843

Ayuntamientos | 21 nov 2025

Entrevista Exclusiva

José Alberto Díaz-Estébanez: "Un catálogo de vestigios franquistas no puede ser una ley solo para Santa Cruz"

05:01 |El concejal asegura que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no se niega a la retirada ni del monumento creado por Juan de Ávalos ni de ningún otro símbolo que pueda tener connotaciones franquistas


por Politican


La retirada del monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife es un tema recurrente que alimenta el debate político. José Alberto Díaz Estébanez aseguró en el programa "A Buenas Horas con José Luis Martín" que en el Consistorio hay cumplimiento de la ley, pero con todas las garantías y para todos por igual.

 

Díaz Estébanez deja claro desde el primer momento que la voluntad del consistorio no es obstaculizar. "El Ayuntamiento de Santa Cruz no se niega a la retirada ni de ese ni de ningún otro símbolo que pueda tener connotaciones franquistas", afirma con rotundidad. Sin embargo, esta disposición viene acompañada de dos condiciones innegociables: equidad en la aplicación de la ley y seguridad jurídica.


El primer gran escollo, según el concejal, fue el enfoque del catálogo de vestigios franquistas, que considera un instrumento diseñado con una clara intencionalidad política. Denuncia que se pretendía crear una herramienta legal que señalara exclusivamente a la capital tinerfeña, ignorando al resto del archipiélago. "Lo que sí pedimos es que la ley nos trate a todos por igual", subraya, argumentando que "un catálogo de vestigios franquistas no puede ser una ley para Santa Cruz, donde haya otros 87 municipios en Canarias que no se sujeten a ningún catálogo". Para él, esto demostraba una voluntad de señalar a la ciudad por motivos políticos, una situación que, como recuerda, "lo tumbaron en tribunales".


Esta crítica se extiende a la falta de polémica en otros lugares, como Las Palmas de Gran Canaria, que según un titular de prensa que cita, "es la ciudad con mayor número de vestigios franquistas de toda Canarias". Se pregunta con ironía: “¿Alguien ha visto alguna polémica allí? No. ¿Por qué? Porque hay gente muy empeñada en focalizar el tema aquí”. Su exigencia es clara: "todos por igual, todos bajo las mismas reglas".

 

El valor artístico y el riesgo jurídico

El segundo pilar de su argumentación es la seguridad jurídica. La obra en cuestión no es un simple vestigio, sino una pieza con un valor patrimonial y artístico considerable. La escultura fue realizada por Juan de Ávalos, a quien describe como "uno de los mejores escultores de la historia de este país, Premio Nacional de Escultura", y añade el dato  de que además era de "raíces republicanas".


Este valor artístico se traduce en un valor económico que no se puede ignorar. "Tiene un valor patrimonial que muchos estiman que puede ser de varios millones de euros, de hasta 50 millones de euros", detalla. Demoler o retirar una pieza de tal envergadura sin una justificación legal blindada podría acarrear graves consecuencias para los responsables públicos. "Si lo retiran sin las suficientes garantías, alguien podría ser responsable en un juicio posterior", advierte, y añade con certeza: "no le quepa la menor duda, alguien presentaría la demanda de restaurar ese valor patrimonial". Ante este riesgo, lanza un desafío al Gobierno central: "Oiga, háganlo ustedes con sus propios medios y bajo su propia responsabilidad".

 

Resignificar antes que demoler: Una vía alternativa

Frente a la demolición, Díaz Estébanez pone sobre la mesa una alternativa que la propia ley contempla: la resignificación. Esta vía consiste en cambiar el contenido o el nombre del monumento y, sobre todo, en hacer un esfuerzo por explicar su contexto histórico. "Que se cambie el nombre, se cambie el contenido, se haga un esfuerzo por explicarlo, que podría ser una vía", propone.

 

Radio Televisión Canaria: Vientos de cambio y defensa del modelo público

Como miembro de la Comisión de control del ente, ofrece una visión desde dentro, marcada por la salida de María Méndez y la más que probable llegada de César Toledo, y aprovecha para defender el modelo público que su partido, Coalición Canaria, impulsó.


Dando una opinión que califica de "más personal que de partido", el diputado analiza la gestión de la directora saliente, María Méndez. Reconoce sus méritos como "una excelente gestora pública", pero considera que no era el perfil idóneo para la tarea que RTVC requería.


Esta frase literal de Díaz Estébanez resume su visión sobre la especificidad de un medio de comunicación público. "La radio televisión no es una fábrica de tornillos ni es una agencia de promoción de turismo", explica. Considera que tiene otras connotaciones ligadas a la cohesión del archipiélago y a la pluralidad de las voces, valores para los que, en su opinión, Méndez no era la persona adecuada. Entiende y respeta su decisión de dar un paso al lado ante un "clima de cierta crispación" y una nueva ley que está siendo "muy contestada".


César Toledo: El perfil profesional para una nueva etapa

Sobre el candidato a sucederla, César Toledo, Díaz Estébanez se muestra optimista. Considera que es necesario "dar un contenido, una transformación profunda, un régimen de tranquilidad a los trabajadores y de pluralidad". En ese contexto, cree que "la persona de César Toledo en principio parece que tiene el perfil profesional suficiente para llevar a cabo esta tarea". Es un respaldo claro a la propuesta de su partido para liderar esta nueva fase del ente.


¿Habrá privatización en la RTVC?

Uno de los mensajes más contundentes del diputado se dirige a acallar los rumores sobre una posible privatización de RTVC, una acusación que califica de "interesada y de forma absolutamente injusta".


Para rebatir estas acusaciones, Díaz Estébanez apela a la historia. "Si alguien tiene credibilidad en este tema, somos nosotros", defiende. Recuerda que fue Coalición Canaria quien puso en marcha la televisión pública "en contra del criterio de otros muchos que ahora se rasgan las vestiduras". Además, reivindica el papel de su partido en 2018, cuando asumieron "la subrogación de todo el personal" para salvar el modelo y a los trabajadores, a diferencia de lo ocurrido en Valencia, donde "se la cargaron literalmente". Con estos antecedentes, insiste en que no son sospechosos de querer privatizar. La promesa es clara: los trabajadores pueden estar tranquilos, porque lo que se busca es "un modelo sostenible, coherente y fiable".


Entrevista completa: