Samuel García: "La administración no cumple con la contratación pública responsable"

La contratación pública a menudo se percibe como un universo complejo y árido, un laberinto de burocracia reservado para expertos. Sin embargo, detrás de los pliegos y las licitaciones se esconde una herramienta de un potencial transformador inmenso: la capacidad de generar un impacto social y medioambiental positivo con el dinero de todos. En Canarias, esta vertiente, conocida como contratación pública responsable, es una obligación legal que, en la práctica, se encuentra en un estado de incumplimiento alarmante. Para desgranar esta realidad, conversamos en el programa "A Buenas Horas con José Luis Martín" con Samuel García, Técnico del Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, una entidad que trabaja para revertir una situación tan preocupante como desconocida para el gran público.

Samuel García ofrece como punto de partida una cifra que resuena con la fuerza de una denuncia: de los aproximadamente 4.000 millones de euros que el sector público canario licita, tan solo un 0,07% se destina a contratos reservados para empresas con un claro fin social. "No llega ni al 0,1%", lamenta, subrayando una realidad que califica de "bastante triste". Esta cifra no es solo un dato estadístico; representa una oportunidad perdida para fortalecer el tejido social del archipiélago, para crear empleo entre los colectivos más vulnerables y para demostrar que la administración puede ser un motor de cambio real. 

El rol del Observatorio

Cuando se piensa en un "observatorio", la primera imagen que puede venir a la mente es la de un ente vigilante, un fiscalizador que señala con el dedo los errores. Sin embargo, Samuel García se apresura a matizar esta percepción. El Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias tiene una misión muy diferente, una que se basa en el fomento y el apoyo activo.

Lejos de una labor sancionadora, el Observatorio se posiciona como un aliado estratégico de las administraciones públicas. "No nos gusta emplear, porque no lo hacemos, la acción de fiscalizar. Para eso ya existen los órganos correspondientes, como por ejemplo la Audiencia de Cuentas", explica. Su trabajo consiste en llevar un seguimiento de las licitaciones, pero desde una perspectiva constructiva. El objetivo es claro: fomentar la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales y, sobre todo, impulsar la figura de los contratos reservados.

La piedra angular de la contratación pública responsable, y el foco principal del Observatorio, son los contratos reservados. Se trata de una herramienta legal, contemplada en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, que obliga a las administraciones a reservar un porcentaje de sus licitaciones a dos tipos muy específicos de entidades.

Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción

Estas entidades no son empresas convencionales. Su razón de ser es profundamente social y su impacto en la comunidad, incalculable:

    Centros Especiales de Empleo: Son empresas que emplean a un mínimo del 70% de su plantilla a personas con discapacidad.

    Empresas de Inserción: Destinan al menos el 50% de sus plazas a personas derivadas de los servicios sociales municipales, en situaciones de exclusión social.

Reservarles contratos de servicios como jardinería, limpieza, material informático o mensajería no es un simple gasto; es una inversión social. Se genera empleo de calidad para quienes más difícil lo tienen, se promueve la autonomía y se reduce la dependencia de las ayudas públicas. En Canarias, existen 42 de estas empresas sociales (23 centros especiales de empleo y 19 empresas de inserción), un ecosistema preparado para asumir estos contratos que, sin embargo, apenas recibe una fracción minúscula de la contratación pública.

Un análisis crudo de la realidad canaria

Pese a que la ley es clara y el beneficio social evidente, los datos confirman un incumplimiento sistemático por parte de las administraciones canarias. La obligación legal de reservar contratos se topa con una realidad administrativa que la ignora en gran medida, convirtiendo una potente política social en papel mojado.

Las cifras ofrecidas por Samuel García son demoledoras. En 2024, el total licitado de manera reservada en Canarias ascendió a unos 3 millones de euros. Si se compara esta cantidad con el volumen total de licitaciones, que ronda los 4.000 millones de euros, el resultado es el ya mencionado 0,07%.

Este desinterés se refleja también en los compromisos institucionales. La ley promueve que las entidades públicas aprueben "acuerdos de gobierno" para comprometerse a reservar al menos el 1% de su contratación. En Canarias, el panorama es desolador:

    - De 88 ayuntamientos, solo tres lo han aprobado.

    - De siete cabildos insulares, solo tres han dado el paso.

    - A estos se suma el propio Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna.

En total, apenas un puñado de entidades de las cientos que conforman el sector público canario. "En Canarias únicamente tenemos siete aprobados" (más el Gobierno y la ULL), confirma García, evidenciando la falta de voluntad política generalizada.

La ausencia de sanciones

¿Cómo es posible un incumplimiento tan flagrante de la ley? La respuesta, según García, reside en la falta de consecuencias. "Mientras no exista un régimen sancionador, pues al final las consecuencias únicamente tienen un coste político cuando toque". La Ley de Contratos del Sector Público no establece ninguna sanción específica para las administraciones que no reservan contratos. Esta ausencia de un mecanismo punitivo convierte la obligación en una mera recomendación, cuyo cumplimiento queda a merced de la voluntad y la sensibilidad de los gestores de turno.

Las V Jornadas CPR Canarias

Para consolidar esta tendencia, la formación y la divulgación son fundamentales. En este contexto se enmarcan las V Jornadas de Contratación Pública Responsable de Canarias, un evento diseñado para derribar barreras y compartir casos de éxito. El plato fuerte de estas jornadas son las mesas redondas que sientan en la misma mesa al personal del órgano de contratación y a la empresa social que resultó adjudicataria.

El objetivo es simple pero poderoso: demostrar con ejemplos reales que es posible. Que licitar de forma reservada no solo es legal y beneficioso, sino que no tiene por qué ser una odisea. Se trata de quitar el miedo, de que los técnicos escuchen de primera mano las experiencias de sus colegas. Como concluye Samuel García, la meta es que los funcionarios vean que, tras llevar a cabo estos procesos, "no estamos en la cárcel y además estamos generando un impacto social muy muy elevado", un impacto que a menudo supera al de otras políticas sociales más directas. Es, en definitiva, el camino para que el tímido 0,07% se convierta, por fin, en el motor de cambio que la ley y la sociedad canaria demandan.

Entrevista completa: