Aumenta la contratación de trabajadores en situación irregular en la provincia de Las Palmas

Contratar trabajadores irregulares está castigado administrativamente por la Inspección de Trabajo, pudiendo alcanzar multas de más de 10.000 euros para el empresario por cada caso que se detecte, aunque también existen situaciones en las que puede producirse un delito penal y es ahí donde la Policía Nacional entra a formar parte de las investigaciones.

En lo que va de año de 2025, en la provincia de Las Palmas se han detenido a una veintena de personas por la contratación de trabajadores en situación irregular, según los datos recabados por Europa Press, la mayor parte de ellos en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Esto se debe, según se afirma desde la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en la capital grancanaria, a que es en las islas menores "donde más ha aumentado" este tipo de situaciones.

Añade que en la isla de Gran Canaria se han realizado "muchas inspecciones", tanto policiales como junto a Inspección de Trabajo, y en sectores similares a las que se han hecho en Lanzarote y Fuerteventura, detectando que "se cumple más con la legalidad" que en las dos últimas.

Se debe en parte, reconocen a Europa Press desde la UCRIF, porque han aumentado "un poco" las inspecciones --en 2024 se realizaron 452--, a lo que se suma que "ha crecido considerablemente la inmigración irregular".

En la provincia de Las Palmas, los trabajadores irregulares encontrados en lo que va de año han sido unos 75, de los que 46 han sido inspeccionados en Fuerteventura, 26 en Lanzarote, y entre dos y tres en Gran Canaria, indican.

En este sentido, matizan que la mayoría de los extranjeros mayores de edad que entran irregularmente en España no pueden tener autorización de trabajo hasta que hayan pasado dos años --antes el plazo era de tres años--, pero si son solicitantes de asilo el tiempo se recorta a seis meses.

Las contrataciones irregulares reducen los gastos de la empresa, ya que el empresario no paga, entre otras cosas, las cuotas de la Seguridad Social de los empleados. Por ello, el dinero que se defrauda, matizan, sería la suma de las cuotas de la Seguridad Social del empresario como autónomo, si tampoco las paga, así como las que deja de abonar por los trabajadores.

En uno de los casos detectados por la Policía Nacional en Puerto del Rosario (Fuerteventura) en el verano de este año, se detuvieron a cuatro personas como presuntos autores de los delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental, ya que contrataban a personas en situación irregular para trabajar en establecimientos hoteleros, reportándole esta práctica un beneficio de más de 1,5 millones de euros anuales.

SANCIONES PARA EMPLEADOR Y TRABAJADOR

Esta actuaciones, indican desde la UCRIF, están castigadas administrativamente por Inspección de Trabajo, con sanciones de 10.001 euros --que podrían ir hasta los 100.000 euros-- para los empresarios que emplean a personas irregulares para trabajar.

Al respecto, puntualizan, que en el caso de que se den determinadas circunstancias como el número de trabajadores sin permiso de trabajo en relación a la totalidad de los empleados de la empresa, la reincidencia en dar empleo a personas sin permiso de trabajo, privar al extranjero de todos los derechos que le pueda corresponder, situación de explotación y las condiciones laborales en que se encuentran, subrayan que se podría "hablar de un delito contra los derechos de los trabajadores".

Por su parte, las personas que cometen infracción por trabajar irregularmente, se enfrentan a un expediente ordinario de multa por infracción grave, que está sancionado de 501 a 10.000 euros, o con su expulsión del país, ya sea por estar en situación irregular o por trabajar sin autorización.

PERFIL DEL CONTRATADO IRREGULAR

En cuanto al perfil de las personas contratadas en situación irregular, se expone que son variados aunque apunta a que la "mayoría" son "extranjeros con escaso nivel formativo" y su procedencia es, principalmente, de Sudamérica.

En el caso de las mujeres, el empleo de irregulares "es considerable" en las tareas domésticas o las empleadas del hogar.

También están entre los sectores más afectados por este tipo de contratación: "la construcción, la restauración, la hostelería y el sector servicios".