José Cristóbal García: "Donde hay mayor nivel de absentismo es en la administración pública"

El fenómeno del absentismo laboral se ha consolidado como uno de los principales quebraderos de cabeza para el sector empresarial y la administración pública en Canarias, y de hecho, en toda España. Lejos de ser una problemática reciente, sus raíces se hunden en el tiempo, si bien en la actualidad ha alcanzado proporciones que exigen una atención y una acción urgentes. José Cristóbal García, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), no duda en calificar la situación de "brutal", señalando que lo que antes era un asunto del que se hablaba en círculos más restringidos, ahora es una realidad ampliamente reconocida por todos.

Una de las afirmaciones más contundentes de García es la que subraya que "donde hay mayor nivel de absentismo es la administración pública". Este dato, a menudo obviado, es crucial para entender la magnitud del problema y la necesidad de una aproximación holística. No se trata, insiste García, de criminalizar a los trabajadores, sino de discernir con precisión dónde reside el verdadero problema.

Para desglosar esta realidad, García se apoya en datos elocuentes de las asociaciones de mutuas. Nos revela que "el 70% de los trabajadores no han pedido ninguna baja el año anterior". Esta estadística es fundamental, ya que desmiente la noción de que el absentismo es un problema generalizado de salud laboral o de condiciones en el centro de trabajo. Si la inmensa mayoría de los empleados no registra ninguna baja, la cuestión se focaliza en un segmento específico de la población laboral.

El 30% restante, que sí solicita bajas, es el foco de análisis. Y dentro de este grupo, el dato se vuelve aún más revelador: "El 16% [de ese 30%], la mitad, son repetidores". Es en este colectivo de "repetidores" donde García identifica el núcleo duro del problema. Estos individuos acaparan, asombrosamente, "el 70% de las bajas y el 70% de los días de baja". La situación se agrava al analizar las patologías de estos repetidores: "con más de dos patologías diferentes tenemos un 60 y pico por ciento", y lo que resulta aún más desconcertante, "hay un 10% que se han de baja con 10 patologías diferentes". La imagen de un trabajador con una baja por gripe, otra por un tobillo torcido y una tercera por lumbalgia en un corto espacio de tiempo, no solo sugiere una falta de continuidad, sino que plantea serias dudas sobre la verdadera causa de estas ausencias.

La burocracia y la gestión de bajas: Un laberinto ineficiente

La ineficiencia en la gestión de las bajas médicas es otro factor que exacerba el problema. García destaca una anomalía burocrática significativa: la diferencia en la duración de los procesos de baja según si son tratados por mutuas o por la Seguridad Social. Un esguince de tobillo, por ejemplo, si se clasifica como accidente laboral y es gestionado por una mutua, "se resuelve en 26, 27 días". Sin embargo, la misma lesión, si es una contingencia común (no laboral) y requiere el alta de la Seguridad Social, "dura el doble".

Esta disparidad es, a todas luces, insostenible y genera un alargamiento innecesario de los periodos de baja, impactando negativamente en la productividad y en el coste para el sistema. García se pregunta, con lógica aplastante: "¿Por qué no permiten que las mutuas den las altas en las contingencias comunes? ¿Por qué no permite agilizar el proceso?" La falta de inspectores médicos agrava aún más el escenario. Esta escasez de personal médico especializado en la supervisión de bajas permite que se normalicen situaciones de prolongación injustificada, incluso con altas que se emiten por teléfono, sin una exploración física adecuada, tal y como señala.

Otro punto crítico que señala García es la necesidad de revisar ciertas cláusulas en los convenios colectivos. Propone que "no retribuir esos tres primeros días" de baja, algo que "algunos convenios lo hacen", es una medida sensata. La idea subyacente es clara: "no es lógico un señor que no esté trabajando gane lo mismo o más que un señor que sí lo está". Esta práctica desincentiva la reincorporación y distorsiona el principio de equidad laboral.

Desmontando mitos: La salud mental y el salario en el contexto laboral canario

La conversación también aborda dos temas recurrentes en el debate público: el aumento de bajas por salud mental y la percepción de salarios bajos que no llegan a fin de mes. José Cristóbal García ofrece una perspectiva que desafía ciertas narrativas populares, siempre con la mirada puesta en la eficiencia y la responsabilidad.

En cuanto a las bajas por salud mental, que sitúan a Canarias a la cabeza de España, García es categórico al afirmar que "no es un problema laboral". Si bien reconoce el incremento de estas patologías tras la pandemia, insiste en que no deben ser automáticamente atribuidas al entorno empresarial. "Que la pandemia trajo después un incremento de este tipo de patologías, sí. Su postura es que la salud mental es un tema "muy importante que hay que tratar, pero hay que tratar de verdad", y que debe abordarse con los recursos adecuados, pero "alejándolo del debate del absentismo". De hecho, en ocasiones, la sobrecarga laboral que sufren los compañeros que sí están trabajando se produce precisamente por la ausencia de otros, creando un círculo vicioso.

Respecto a la queja de que los salarios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, García distingue claramente entre el nivel salarial y el coste de vida. En primer lugar, defiende la evolución de los salarios, señalando que "el salario mínimo ha subido un 70%". Su argumento principal se centra en la productividad y el valor aportado: "yo cobro lo que soy capaz de producir y aportar vinculado a mi nivel de productividad". Rechaza la idea de que "todos tienen que ganar lo mismo" y enfatiza que la diferencia salarial entre un médico y un auxiliar administrativo es lógica.

Vivienda y planificación: Los verdaderos desafíos económicos

El verdadero problema, según García, no radica tanto en los salarios per se, sino en factores externos que inciden directamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos. La "vivienda está carísima", y esto no es culpa de los salarios, sino de la "falta de planificación". Nos remonta a una realidad desatendida: "no hemos construido vivienda en los últimos años ni de producción oficial". La demonización del sector inmobiliario en el pasado, que llevó a la paralización de la construcción de viviendas, incluidas las de protección oficial, es para García una de las causas fundamentales de la actual emergencia habitacional. "En el 2007 se construían en España 700.000 viviendas. A 4 años 30.000 porque eso era la especulación", recuerda con amargura.

La aparición de la vivienda vacacional, aunque rentable para muchos propietarios, también contribuye a la escasez de oferta residencial. Sin embargo, García señala a otro problema de fondo que es la "falta de garantía del estado" ante la ocupación, lo que desincentiva a los propietarios a alquilar sus viviendas de forma residencial. La conclusión es clara: "el problema es que no hay vivienda", y esto es un fallo de la administración pública y su incapacidad para planificar.

La incertidumbre presupuestaria y el futuro de Canarias

La entrevista concluye con una preocupación latente sobre la prórroga de los presupuestos generales del Estado. Ante este asunto José Cristóbal García es tajante: "España se puede gobernar sin presupuesto" pero esta situación, que en otros países como Estados Unidos paralizaría la administración, en España se ha normalizado. Llevamos "dos años y pico prorrogando los presupuestos que se planificaron en una coyuntura económica determinada". La consecuencia directa es que, si bien "aumentan los gastos, no se pueden planificar nuevas inversiones", lo que se traduce en una baja inversión pública y un aumento del gasto público.

El crecimiento económico actual, señala García, se debe en gran medida a la fortaleza del sector turístico y de servicios, pero advierte: "España es el país que más ha crecido de Europa, pero por la potencia del sector". La falta de presupuestos impide una política económica clara y la inversión necesaria para garantizar la sostenibilidad de este crecimiento. No tener presupuestos implica "no invertir", y esto es particularmente grave en un momento en que se habla de subir impuestos, sin una clara dirección sobre cómo se gestionarán los recursos. 

Entrevista completa: