ASG defiende reforzar la mediación para reducir la alta litigiosidad en Canarias

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha solicitado a la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias que detalle las medidas previstas para reforzar la mediación tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Jesús Ramos valoró, durante su intervención en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias, avances como la reactivación del Servicio de Mediación Familiar en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, la ampliación del servicio con mediadores de guardia de lunes a jueves y los acuerdos con los colegios de abogados de Tenerife, La Palma y Las Palmas. 

“La mediación no es una moda pasajera ni un mero trámite previo al litigio; es una herramienta estructural de nuestro sistema judicial y social”, enfatizó. “Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 se ha producido un cambio de paradigma”, añadió. 

También subrayó que la ley generaliza el intento de mediación en conflictos familiares, civiles, mercantiles y laborales, e incluso en supuestos sanitarios o de consumo, con el objetivo de reducir la litigiosidad crónica que sufren los tribunales y que Canarias encabeza desde hace seis años. “La mediación pasa a ser un trámite necesario”, recordó. 

El parlamentario por la Isla de La Gomera destacó resultados ya contrastados en el Archipiélago: “El Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife alcanza un 81% de éxito en los acuerdos, lo que significa que ocho de cada diez conflictos derivados se resuelven sin juicio”. Resaltó, además, el incremento superior al 60% en la partida de mediación del área de Justicia: “Todo euro invertido en mediación se traduce en ahorro procesal, descongestión judicial y soluciones más rápidas y sostenibles para personas y empresas”. 

Sin embargo, advirtió de los retos pendientes para consolidar la mediación como política pública: cobertura territorial homogénea, con especial atención a La Gomera, El Hierro y La Palma; formación y acreditación continua de los profesionales –“en coordinación con universidades y colegios”–; campañas de sensibilización en lenguaje claro; e integración plena en el expediente judicial electrónico para agilizar derivaciones, notificaciones y seguimiento. “La ciudadanía de La Gomera, El Hierro y La Palma debe tener las mismas oportunidades que quienes viven en islas capitalinas”, insistió. 

Del mismo modo, propuso fijar indicadores públicos –derivaciones judiciales y extrajudiciales, porcentaje de acuerdos, tiempos medios y satisfacción de las partes– para evaluar y mejorar el servicio de forma continua. “La mediación es una apuesta por la convivencia, la cohesión social y una justicia más ágil, humana y cercana”, apuntó Ramos, tendiendo la mano a los grupos para impulsar un despliegue insular equitativo, avanzar en digitalización y rendir cuentas con datos.