El Consejo Económico y Social presenta el Informe sobre la Simplificación administrativa para afrontar la emergencia energética

El Consejo Económico y Social de Canarias (CES) ha elaborado el Informe sobre la Simplificación administrativa en el sector de la energía, un documento que propone veinte recomendaciones para acelerar los procesos y reducir la burocracia ante la emergencia energética en las Islas y facilitar la transición hacia actividades cada vez más sostenibles. 

El presidente de la institución, José Carlos Francisco, asegura que el informe pretende ayudar a la administración a ser “más eficiente y competitiva sin perder garantías”. “Reducir la carga burocrática es esencial para que el Archipiélago avance en la implantación de renovables y la lucha contra el cambio climático, resultando más accesible y cercana tanto para las empresas como para la ciudadanía”. 

Además, Francisco apunta que la mejora de los procesos administrativos del Gobierno de Canarias en materia de energía constituirían “una inversión que facilite el camino hacia la descarbonización, haciendo que esos procedimientos acompañen y no obstaculicen la solución de los retos energéticos”. 

Asimismo, el documento estudia normativas nacionales e internacionales, así como medidas concretas que pone en práctica el Ejecutivo canario para la generación, distribución, consumo y transición energética, con el objetivo de determinar qué está dificultando el desarrollo económico y generando desigualdades. 

Las recomendaciones  

Las recomendaciones promueven un sistema regulatorio más claro y equitativo, objetivo que el CES extiende a todos los sectores. Primeramente, proponen ocho recomendaciones generales para la simplificación administrativa, para terminar con doce apartados específicos para el sector energético.

De manera general, la institución plantea la creación de ventanillas únicas, concentrando los trámites y evitando la dispersión de la documentación. En este sentido, recomiendan el establecimiento de un repositorio centralizado en la sede electrónica del Gobierno de Canarias donde empresas y particulares puedan almacenar datos de uso frecuente en sus trámites administrativos, así como gestionar las licencias, permisos y certificaciones en tiempo real. 

En el cuarto punto de medidas genéricas, solicitan al Ejecutivo que valore la ampliación del uso de la Declaración Responsable en aquellos procedimientos vinculados a las instalaciones de autoconsumo. Sin embargo, la institución apunta que, para asegurar un correcto cumplimiento, debe haber “un sistema de inspección posterior robusto”. 

Además, destaca la petición de potenciar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en las fases de revisión documental. Paralelamente, la institución considera necesaria la atención presencial de calidad en aquellos procesos más complejos. 

En materia puramente energética, el CES recomienda una revisión integral de los aproximadamente 80 procedimientos administrativos actuales, ajustando la documentación requerida en cada trámite para evitar duplicidades. 

En el tercer apartado de este segundo listado de medidas, se considera necesario priorizar los proyectos de energías renovables, creando las Zonas de Aceleración de Energías Renovables (ZAR), a la vez que cabildos, Consejería de Transición Ecológica y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) colaboran para definir las zonas de suelo rústico. 

Finalmente, dado que muchos proyectos energéticos en Canarias requieren validaciones posteriores por parte de gobiernos insulares y ayuntamientos, instan a sistematizar procesos por parte de la FECAI y la FECAM. 

Consejo Económico y Social de Canarias 

El Consejo Económico y Social de Canarias es un órgano colegiado que tiene por finalidad la de hacer efectiva la participación de los agentes sociales en las políticas públicas del Gobierno de Canarias. Está constituido por organizaciones de consumidores, expertos designados por el Gobierno, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y Cámaras de Comercio. 

Entre las funciones del CES se encuentran las de realizar informes y dictámenes preceptivos en materia económica, social y laboral.