Bienestar Social destina 6,8 millones en ayudas para servicios sociales a través del tercer sector en 2025

El Boletín Oficial de Canarias ha publicado la nueva convocatoria de subvenciones para entidades del tercer sector que lanza la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, con un presupuesto de 6,8 millones de euros para este año 2025.

Estas ayudas están destinadas a apoyar iniciativas sociales orientadas a la atención a personas migrantes, la inclusión de colectivos en situación de vulnerabilidad, la mejora de la convivencia en barrios y comunidades, así como la atención integral a personas sin hogar, según destaca el departamento en una nota.

Además, contempla una nueva línea de financiación estable para unidades familiares beneficiarias de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), para garantizar la continuidad de los apoyos y fomentar la autonomía económica de estos hogares.

La directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, ha destacado en la nota que, pese a la reducción general del presupuesto destinado a subvenciones, se ha realizado este "esfuerzo" para mantener la financiación del tercer sector en el ámbito de los servicios sociales. "

"Nuestro compromiso es consolidar, al menos, este nivel de recursos en los próximos ejercicios", subraya Santana, que remarca la importancia del tejido social como aliado en la atención a los colectivos más vulnerables de Canarias.

En este sentido, ha explicado como este tipo de convocatorias contribuyen a reforzar el trabajo coordinado entre la administración pública y las entidades sociales, para una mejor respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía.

En los procesos de gestión de ayudas, recuerdan, se ha implementado un nuevo sistema de tramitación digital, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que busca facilitar a las entidades la presentación de solicitudes, reduciendo tiempos y simplificando procedimientos administrativos.

DETALLES DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria, que permanecerá abierta 15 días hábiles a partir de la publicación en el BOC, este jueves, 13 de agosto, establece criterios de evaluación que priorizan el impacto social, la innovación en la intervención comunitaria, la perspectiva de género y la sostenibilidad de los proyectos.

Con este paquete de ayudas, el área no solo tiene el objetivo de atender situaciones de emergencia social, sino también promover procesos de inclusión duraderos y transformadores en los entornos locales.

Las subvenciones, asimismo, permitirán atender a hogares que viven por debajo del umbral de la pobreza, con privación material y social severa y falta relativa de bienes, recursos o servicios.

Así, permitirá desarrollar programas de intervención para la inclusión social y la atención a personas en situación de exclusión social, e impulsar programas que garanticen un acceso no discriminatorio de actividades físico-deportivas, ocio y participación activa comunitaria, con el fin de lograr un proceso de inclusión social e integral y la puesta en marcha de programas de alfabetización digital en competencias digitales y favorecer el desarrollo personal.

Se atenderá también el refuerzo en los municipios y zonas rurales, especialmente las que cuentan con una alta dispersión de población, programas y servicios que faciliten el acceso a recursos, la proximidad, el apoyo y acompañamiento social de las personas o grupos en situación de mayor desventaja social que, por sus circunstancias personales y socioeconómicas y ambientales, puedan derivar en situación de exclusión social o riesgo de pobreza.

También se podrán financiar programas de actuaciones encaminadas a la intervención en el sinhogarismo, favoreciendo una intervención integral, garantizando la atención y cobertura de necesidades básicas y medidas para la inclusión social a través de la vivienda, prestaciones sociales y de empleo.

Se incluye, además, la puesta en marcha o mantenimiento de recursos alojativos de corta estancia y de transición para personas perceptoras de la RCC, IMV, u otros ingresos de sistema público de protección social y que se hallen en una situación de urgencia o alta exclusión social.