El Cabildo de Gran Canaria ajusta la distribución plurianual del gasto para el alquiler del antiguo edificio de Correos

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado la modificación del gasto plurianual autorizado el 18 de noviembre de 2024, derivado del contrato de arrendamiento de las plantas baja, primera, segunda y tercera del inmueble situado en la Avenida Primero de Mayo nº 62 de Las Palmas de Gran Canaria. El edificio está destinado a albergar oficinas administrativas y el contrato asciende a un importe total de 1.676.897,72 euros, que se distribuirán ahora en las siguientes anualidades: 231.051 euros en 2025; 335.397 euros en 2026; 335.397 euros en 2027; 335.397 euros en 2028; 335.397 euros en 2029 y 104.345 euros en 2030.

La modificación aprobada a instancias de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, dirigida por Teodoro Santana, responde al retraso en el comienzo del alquiler del inmueble respecto a lo inicialmente previsto. La recepción oficial del edificio se produjo el 23 de abril de 2025, varios meses después de lo programado, lo que ha obligado a eliminar la consignación económica correspondiente a 2024 y reajustar los importes de los ejercicios de 2025 y 2029, incorporando además una nueva partida cercana a los 100.000 euros para el año 2030.

El arrendamiento del antiguo edificio de Correos en la calle Primero de Mayo permitirá al Cabildo aprovechar una superficie total de 3.128 metros cuadrados, correspondientes a las plantas sótano, baja, primera, segunda y tercera. En estas dependencias ya se encuentran operativos los servicios de la Consejería de Medio Ambiente, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, la Dirección Insular de Transportes, la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria y Ferrocarriles de Gran Canaria.

La duración inicial del contrato de arrendamiento es de cinco años, contados a partir de la fecha de firma del acta de entrega y recepción del inmueble. Una vez finalizado este período, el contrato podrá prorrogarse anualmente de manera expresa hasta un máximo de diez años adicionales, lo que establece una duración máxima de quince años, incluidas las prórrogas.