Canarias pierde dos puestos y se queda como la octava comunidad en desarrollo de los servicios sociales

Canarias se situó en 2024 como la octava comunidad autónoma en desarrollo de los servicios sociales tras perder dos puestos, según recoge el Índice DEC, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El archipiélago mantiene prácticamente la misma puntuación que el año anterior desde que en 2012 ocupara la última posición con un desarrollo "irrelevante" de su Sistema Público de Servicios Sociales.

No obstante, en los dos últimos años tanto la relevancia económica como la ordenación del sistema manifiestan ligeros retrocesos, consecuencia de los cuales es el mantenimiento de la puntuación global del año anterior, y que haya perdido dos puestos en el ranking.

El informe detalla que la integración de las entidades locales en la Atención a la Dependencia constituyó en 2017 un "avance significativo", lo mismo que la aprobación del Catálogo de Servicios Sociales en 2022 pero Canarias "sigue adoleciendo de una planificación estratégica" para completar los elementos esenciales de esta ordenación del sistema en Canarias.

Asimismo recoge que Canarias tiene normativa en materia de ética y ha constituido su Comité de Ética, con partidas específicas para la investigación, aunque a falta una estrategia y no está definida ni implantada la historia social única.

Las administraciones públicas de Canarias (Comunidad, cabildos y ayuntamientos) incrementaron su presupuesto en Servicios Sociales un 7,9% en 2023 respecto al año anterior, pasando el gasto por habitante en Canarias de 573,7 euro en 2022 a 619,3 euro en 2023 (+45,6 euro), un 13% por encima de la media estatal.

El porcentaje del presupuesto total de las administraciones públicas de Canarias que se destina a servicios sociales se redujo un punto en 2023 respecto al año anterior, situándose en el 11,49%, siendo la media estatal de 10,25%.

BAJA EL GASTO EN RELACIÓN AL PIB

No obstante, la asociación resalta que "lo más preocupante en cuanto a la relevancia económica de los servicios sociales en Canarias, es el acusado descenso producido en los cuatro últimos años en cuanto al porcentaje que representa el gasto en servicios sociales de las Administraciones Públicas de Canarias sobre el PIB de esa Comunidad: el 2,71% en 2020, 2,61% en 2021, 2,55% en 2022, 2,53% en 2023".

A pesar de este descenso de 0,18 puntos, sigue por encima de la media estatal, que fue de 1,76% en 2023.

Los porcentajes de financiación del Sistema Público de Servicios Sociales en Canarias por parte de la Comunidad y de las Entidades Locales, difieren de la media estatal, con un mayor peso de lo local en Canarias (49,4% frente a 25,7% de media estatal) debido al protagonismo de los cabildos.

Igualmente, Canarias se sitúa por encima de la media estatal en rentas mínimas de inserción, centros de día para mayores, acogimiento familiar y plazas residenciales para personas sin hogar y tiene deficiencias en profesionales en las estructuras básicas de servicios sociales, atención a la dependencia, plazas residenciales para personas mayores, teleasistencia, servicios para personas con discapacidad y plazas de acogida para víctimas de violencia de género.

El informe reconoce la evolución creciente de los servicios públicos en las islas pero cree que es "urgente" una ordenación territorial en la que los cabildos, los grandes municipios y el Gobierno canario alcancen un "pacto global" hacia un modelo vertebrado de servicios sociales que "va mucho más allá de la mera delegación de competencias".

A juicio de la asociación, "los solapamientos y las ineficiencias actuales siguen siendo un lastre que tiene importantes consecuencias para la población de Canarias al mermar sensiblemente la cobertura".

CERCA DE 20 MILLONES DE HABITANTES, EN SERVICIOS DÉBILES

En el conjunto del país, cerca de 20 millones de personas (el 42% de la población española) viven en comunidades autónomas con Servicios Sociales "débiles o irrelevantes".

Según el informe, Madrid, Cantabria y Murcia tienen unos Servicios Sociales "irrelevantes", seguidas de Castilla-La Mancha, Galicia, la Comunidad Valenciana y Baleares, con unos Servicios Sociales "débiles".

Por el contrario, Castilla y León y el País Vasco tienen, según el Índice DEC, unos Servicios Sociales "medio altos" y Navarra, "medios".

Estas diferencias pueden suponer, según los autores del estudio, que los habitantes de una comunidad reciban la resolución de la valoración de la dependencia en dos meses y en otra tengan que esperar 8 meses o hasta un año.

En todo caso, el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha destacado que "claramente los datos mejoran" y los Servicios Sociales "se consolidan en este país como el cuarto pilar del Estado de Bienestar".

"El Índice mejora en cobertura, en ordenación del sistema, y donde hay un deterioro (no en todas las CCAA, pero sí en el conjunto) es en la relevancia económica, es quizá lo más preocupante", ha explicado el coordinador del Índice DEC, Gustavo García, durante una rueda de prensa para presentar el documento.

En este sentido, el estudio señala que aunque aumenta el gasto en servicios sociales por habitante (que pasa de 512 euros en 2022 a 548,1 euros en 2023, un 7% más), retrocede por tercer año consecutivo el porcentaje del PIB que se destina a servicios sociales, pasando del 1,81% en 2022 al 1,76% en 2023.

El informe también advierte de que "se sigue sin avanzar en desinstitucionalización" a pesar de la Estrategia aprobada por el Ministerio de Derechos Sociales en 2024.

Así, de los datos se desprende que la cobertura de la ayuda a domicilio "apenas ha variado desde 2010, solo un punto, del 4,7% al 5,7% de personas mayores de 65 años".

Además, los autores del estudio avisan de que si solo se tiene en cuenta la ayuda a domicilio que se ofrece a las personas en situación de dependencia, la intensidad media es de 60,2 horas para los grandes dependientes (grado III), "apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes, lo que es claramente insuficiente".

SE ESTANCA LA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

Por otra parte, el informe refleja que la Teleasistencia domiciliaria "se ha estancado en el último año" llegando al 11,1% en 2023, frente al 8,5% de hace diez años.

En este contexto, desde la Asociación de directoras y gerentes de servicios sociales piden "recuperar el incremento de 600 millones de euros anuales del Plan de Choque" y condicionar esta financiación a que las CCAA no reduzcan sus propias aportaciones.

"Este año hemos cambiado el color, para recordar la marea naranja para recuperar esa demanda de defender este sistema público de servicios sociales y reclamar que no haya recortes inmisericordes que puedan perjudicar a las personas más vulnerables en estos momentos de barbarie que estamos viviendo", ha señalado Ramírez.

En el acto, la Asociación ha entregado tres reconocimientos a las CCAA que mejor puntuación han obtenido en el Índice: Castilla y León, el País Vasco y Navarra, y a tres experiencias de desinstitucionalización, el proyecto SHARE del Ayuntamiento de Fuenlabrada; el de viviendas tuteladas de mayores de Cuenca y Acompañando-T, de la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel.