
por Politican
La diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino, preguntó en comisión parlamentaria este pasado martes por las acciones en el ámbito de la preservación del patrimonio cultural que se están llevando a cabo en Gran Canaria.
Espino destacó la colaboración existente, a nivel técnico y político, entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria “para garantizar una gestión conjunta y eficaz del patrimonio cultural”. Asimismo, recordó que en Gran Canaria se han declarado nuevos BIC, tanto inmateriales como inmuebles, de los que destacó los Ranchos de Ánimas de Valsequillo, La Aldea de San Nicolás y Arbejales en Teror y el Frente Ecléctico de la Playa de Las Canteras.
La diputada nacionalista explicó que está en trámite la declaración del Juego del Garrote Tradicional como Bien de Interés Cultural inmaterial, “poniendo en valor nuestras tradiciones más arraigadas”. También se refirió al inventario del patrimonio mueble de la Catedral de Santa Ana “como paso imprescindible para su adecuada conservación”.
Vidina Espino tampoco quiso olvidar el trabajo en yacimientos arqueológicos como Cuatro Puertas o La Fortaleza “que han centrado esfuerzos en conservación, investigación y difusión”. En su opinión, todas estas acciones explican que “el patrimonio cultural no es solo herencia, es futuro; y que conservarlo no es gasto, es inversión”.
La parlamentaria de Coalición Canaria lamentó los recientes atentados al patrimonio que ha sufrido la isla de Gran Canaria. En este sentido, enumeró los daños irreparables por obras ilegales en el Acueducto de Jara de Telde; la modificación del Camino de Acusa, en Arucas, “parte esencial de nuestro legado caminero que ha sido modificado sin miramiento alguno”; o los actos vandálicos e intervenciones que han afectado a yacimientos protegidos en San Bartolomé de Tirajana y Agüimes.
Vidina Espino señaló que, ante estos hechos, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, “ha abierto y tramitado expedientes sancionadores”. Al mismo tiempo, destacó que, en algunos casos, “estas multas superan los 90.000 euros como señal clara de que el patrimonio no es un recurso sin dueño, sino una herencia de todos”.
“Porque cuando protegemos nuestro patrimonio, estamos protegiendo nuestra identidad, nuestra diversidad cultural y el derecho de las futuras generaciones a conocer de dónde venimos”, concluyó Espino.