Afectados por la Ley de Costas pedirán en la UE la desafección de los núcleos urbanos consolidados de Canarias

El presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), el abogado José Luis Langa, explicó este pasado miércoles en rueda de prensa que en junio viajará a Bruselas con el fin de trasladar a las instituciones europeas la situación actual de muchos enclaves canarios afectados por dicha ley y se pedirá que "se vuelva a permitir, como en 2013, que los núcleos urbanos consolidados antes de la ley de 1988 puedan presentar sus informes y sean desafectados".

Langa González ha indicado que "es verdad que cuando en 2013 se pidió desde el Gobierno central que se demostrara que se trataba de espacios ya consolidados, muchos ayuntamientos no hicieron los deberes".

Pero tampoco entonces, ha aclarado, no existía una comisión mixta como en la actualidad, en la que está representado el Gobierno de Canarias, todos los Cabildos, los ayuntamientos afectados y la propia plataforma.

El presidente de la Pcalc ha indicado que además, ahora en Canarias tienen cedidas las competencias en Costas, pero es una transferencia de competencias "muy descafeinada, pues aún no permite tomar decisiones propias y se sigue dependiendo de Madrid".

Es por ello que, ha añadido, "queremos plantear la situación en Europa".

En este sentido, el letrado ha confirmado que irá acompañado por el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta Felipe.

Asimismo, mantiene diversos encuentros con todos los grupos parlamentarios regionales y también con los eurodiputados canarios, para "recabar un apoyo unánime por esta causa", que la plataforma cifra en más de 66 municipios canarios y entre 150.000 y 200.000 personas afectadas.

"Estamos hablando de núcleos consolidados como Los Molinos en Fuerteventura; Punta Larga y El Faro en La Palma; Las Bajas en Güímar o Bocacangrejo en El Rosario, en Tenerife, entre otros muchos, con riesgo de inminente desalojo y derribo de sus casas, toda vez que los tribunales canarios y nacionales no nos han dado la razón", ha explicado Langa.

Al mismo tiempo, ha agregado que no porque no tengan la razón, "sino porque los jueces aplican la ley, pero sin tener en cuenta la realidad de estos enclaves donde viven personas desde mucho antes de la aplicación de la ley, y sin tener en cuenta el daño personal, emocional y de arraigo que se inculca".