El Parlamento de Canarias convalida el decreto de licencias urbanísticas con el rechazo de PSOE y NC-BC

El Pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado este martes el decreto ley de agilización de licencias urbanísticas con el rechazo de PSOE y NC-BC, si bien todos los grupos han coincidido en que ahora se tramite como proyecto de ley por la vía de urgencia.

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha explicado que el documento propone promover la edificación de más viviendas, reduciendo la demora media en la concesión de licencias para su construcción.

"Esta demora", ha explicado Miranda, "es causada por la carencia de recursos humanos y materiales suficientes en las oficinas técnicas de muchos ayuntamientos de las islas".

Este proyecto de ley, ha indicado, introduce como novedad "mecanismos de colaboración público-privada que permiten, a aquellos ayuntamientos que así lo consideren, agilizar la tramitación de sus licencias".

Esto se logra, ha continuado Miranda, "incorporando al procedimiento informes técnicos elaborados por colegios profesionales, medios propios personificados o entidades urbanísticas de colaboración, debidamente acreditadas".

Los objetivos que persigue esta medida son, por un lado, agilizar dichos procedimientos administrativos y, por otro, aliviar la carga de trabajo de las oficinas técnicas municipales para "que pueden destinar sus recursos a otras prioridades".

Manuel Miranda ha explicado también que la propuesta garantiza la seguridad jurídica del procedimiento y que "en ningún caso supone la privatización de las oficinas técnicas municipales".

A su juicio, es una herramienta voluntaria que "aporta certezas respecto a los tiempos de planificación, tanto para la propia administración como para promotores privados de vivienda".

"El objetivo es que dichas licencias puedan obtenerse en un plazo razonable, más aproximado a los límites que marca la normativa", ha añadido.

El portavoz de AHI, Raúl Acosta, ha afirmado que hay un "problema evidente" en Canarias con la escasez de vivienda y hay que "darle una respuesta desde distintos enfoques", pues en muchos casos hay "falta de suelo disponible" y en otros "farragosos y fatigosos trámites" para la concesión de licencia urbanística.

Ha indicado que es un "cóctel perfecto" para el problema actual y "el fracaso se traduce también en la imposibilidad de que muchos ciudadanos puedan tener un techo, en el peor de los casos, o de pagar por él la mayor parte de los ingresos".

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que el acceso a la vivienda "es uno de los problemas más graves" de Canarias por lo que hay que poner medidas en marcha para "revertir" la situación.

"Este Gobierno está dispuesto a fracasar, pero a lo que no está dispuesto es a quedarse de brazos cruzados", ha comentado.

Paula Jover (Vox) ha mostrado el apoyo de su grupo al decreto si bien ha pedido medidas "más ágiles y decididas" ya que hay una "paralización" en la construcción de vivienda, lo que afecta especialmente a los jóvenes.

"Es insostenible que el proceso de otorgamiento de licencias en vez de unos meses se demore años", ha agregado.

NC-BC: VEN A CANARIAS COMO EL "MONOPOLY"

Carmen Hernández (NC-BC) ha ironizado con que en el Gobierno son "buenos" en "perseguir el negocio de la vivienda" y tildado de "terrible" que utilicen la emergencia habitacional y el "drama personal" de no poder acceder a una casa "para favorecer el negocio de la vivienda".

En esa línea ha dicho que el Ejecutivo ve a Canarias "como un gran salón donde jugar al Monopoly" y "vender y comprar suelo", mientras que su formación ve a las islas como el "hogar" y donde desarrollar un proyecto de vida.

Ha comentado que el decreto está cuestionado por la Fecam ya que es una "barbaridad" que se le estén "usurpando funciones" a los empleados públicos cuando además su labor viene marcada por la "objetividad, la imparcialidad y el interés general".

La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, ha asumido que en Canarias hay un "problema" con la vivienda, pero que "no es de ahora sino de décadas", por lo que entiende que "todos" los partidos políticos tienen que echarse la "culpa".

Ha aclarado, en todo caso, que es "opcional" el uso del decreto dado que aunque en el archipiélago hay ayuntamientos que tardan hasta cinco años en expedir licencias, otros lo hacen en cuatro meses.

Socorro Beato (CC) ha apuntado que este decreto viene a "complementar" el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda ante el "clamor" de la sociedad pues aparte de la agilización de las licencias incluye la regulación de la vivienda asequible e incentivada. "Esto es una medida fundamental para esas clases medias", ha explicado.

Patricia Hernández (PSOE) ha indicado que es "injusto, falso y profundamente ofensivo para los trabajadores públicos" que se les culpe del retraso en la expedición de licencias urbanísticas aparte de que "oculta la responsabilidad real" de la falta de políticas públicas en materia de vivienda.

Ha dicho que este decreto es un "parche" que no soluciona el problema dado que no hay una "verdadera política pública de vivienda, sin plazos concretos, sin inversión real, sin reforzar lo público y sin voluntad de regular el mercado".